thumb|240px|Milicianos republicanos hechos prisioneros de los sublevados durante la Batalla de Guadarrama (1936). thumb|240px|Plano general del Campo de concentración de Miranda de Ebro. En la España franquista funcionaron, al menos, entre cerca de doscientos y trescientos campos de concentración desde 1936 hasta 1947, algunos con carácter estable y otros muchos provisionales. La red de campos era un instrumento de la represión franquista.
Terminaban en estos campos de concentración desde excombatientes republicanos del Ejército Popular, las Fuerzas Aéreas y la Marina de Guerra, hasta disidentes políticos y sus familiares, indigentes, independentistas marroquíes, homosexuales, judíos, gitanos y presos comunes. Las Comisiones Clasificatorias que funcionaban en los campos eran las que determinaban el destino de los internados: los declarados «afectos» eran puestos en libertad; los «desafectos leves» y sin responsabilidades políticas eran enviados a los batallones de trabajadores; y los «desafectos graves» iban a prisión y estaban a disposición de la Auditoría de Guerra para ser procesados por un tribunal militar. Los clasificados como «delincuentes comunes» eran enviados también a la cárcel. Según las cifras oficiales de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, al finalizar la guerra civil había internados en los alrededor de cien campos existentes entonces 177 905 soldados enemigos prisioneros pendientes de clasificación procesal ―la Inspección informaba también de que hasta entonces habían pasado por los campos 431 251 personas―.
Al igual que en otros muchos campos de concentración, los prisioneros estaban jerarquizados de tal modo que presos comunes violentos (por tanto sin motivaciones políticas o ideológicas) estaban en un escalón superior a la mayoría de los allí encerrados, trabajando de vigilantes (cabos de vara) de estos últimos. A pesar de la destrucción masiva de documentación sobre ellos, estudios afirman que los campos se caracterizaron por la explotación laboral de los prisioneros, organizados en batallones de trabajadores.
Hay consenso entre los historiadores en afirmar, según testimonios de supervivientes, testigos y los propios informes oficiales franquistas, que las condiciones de internamiento «eran, en líneas generales, atroces». A esto se añadió el hecho de que los sublevados no reconocían a los soldados republicanos como prisioneros de guerra, con lo que nunca se les aplicó el Convenio de Ginebra de 1929 firmado años antes por el rey Alfonso XIII en nombre de España. La ilegalidad en el trato a los reclusos se materializó en el uso de prisioneros para trabajos militares (prohibido explícitamente por la Convención), la preventividad generalizada (internamiento sin condena alguna), uso de la tortura para obtener testificaciones y delaciones, y ausencia de garantías judiciales. Respecto a la oficialidad que administraba los campos, se ha destacado asimismo la corrupción generalizada imperante, que permitió el enriquecimiento de muchos militares y agravó el sufrimiento de los internados bajo su custodia.
Historia Según Javier Rodrigo, cerca de medio millón de prisioneros pasaron por los campos de concentración entre 1936 y 1942. En 2019, Carlos Hernández de Miguel identificó cerca de 300 campos confirmados, calculando que habrían pasado por los mismos entre 700 000 y un millón de personas.
El primer campo de concentración fue creado por los militares rebeldes el 19 de julio de 1936, horas después de la sublevación, cerca de Melilla; al día siguiente, El Telegrama del Rif informaba de la apertura del campo, situado en la Alcazaba de Zeluán (una vieja fortaleza del ). Francisco Franco fue informado inmediatamente de ello, mostrándose entusiasmado y ordenando la apertura de más campos para albergar a «elementos perturbadores» y emplearlos en trabajos públicos. El mismo 20 de julio, el futuro dictador comunicaba al coronel Eduardo Sáenz de Buruaga, al mando de la ciudad de Tetuán: «Me han informado que los detenidos son varios cientos y que las cárceles no dan abasto para recibirlos. Como hay que evitar que las afueras de Tetuán ofrezcan el espectáculo de nuevos fusilamientos, a la vista de los corresponsales extranjeros que afluyen, hay que buscar una solución que podría ser un campo de concentración en el extrarradio. (...) En Melilla ya han abierto uno en Zeluán con buenos resultados». Así nació el campo de concentración de El Mogote, en una ubicación idónea para ocultar la dureza de sus condiciones al exterior (el 20 de agosto serían asesinados 52 prisioneros, con el «enterado» de Franco).
La siguiente región en la que los rebeldes establecieron campos de concentración fue Canarias. Concretamente, fue en los terrenos militares de la península de La Isleta, en Gran Canaria, operativo desde finales de julio de 1936. Un número indeterminado de prisioneros de los campos canarios acabaron siendo arrojados al mar o al interior de pozos volcánicos. Al igual que ocurría en el Norte de África, la prensa nacionalista ocultaba la dureza y crímenes cometidos en los campos, ofreciendo de los mismos una imagen idílica muy alejada de la realidad. Otros centros de reclusión inaugurados poco después del comienzo de la guerra, como la prisión militar localizada en el castillo del Monte Hacho de Ceuta, han sido considerados campos de concentración aunque oficialmente nunca tuvieron esa denominación.
Algunos historiadores han señalado a funcionarios nazis de la Gestapo como los organizadores de la red de campos de concentración franquistas, y que en buena medida se inspiraron en los campos de concentración de la propia Alemania nazi para el diseño de los españoles. Entre aquellos oficiales nazis destacó especialmente Paul Winzer, jefe de la Gestapo en España y jefe durante algún tiempo del campo de concentración de Miranda de Ebro. Hay autores que van más allá e incluso sostienen que fue Winzer el verdadero autor de toda la organización de los campos de concentración franquistas. Por otra parte, diversos recintos, como los campos de Laredo, Castro Urdiales, Santander o El Dueso, fueron habilitados y gestionados inicialmente por batallones del Corpo di Truppe Volontarie de la Italia fascista.
El 5 de julio de 1937 se creó la Inspección General de los Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP) con el coronel Luis Martín Pinillos, un militar africanista, al frente. Su objetivo era centralizar la gestión de todos los campos, aunque chocaría con los diferentes virreyes militares de otras zonas del país, especialmente con el general Queipo de Llano, responsable del Ejército del Sur. Los campos andaluces funcionaron al margen de la ICCP hasta mediados de 1938, y los de Baleares, Canarias o el Marruecos español conservaron hasta el final de la guerra una autonomía casi total.
En 1938 los campos de concentración franquistas albergaban a más de 170 000 prisioneros. Tras el final de la contienda, en 1939 la cifra de población reclusa oscilaba entre las 367 000 y las 500 000 personas. Desde 1940 el supervisor de todos estos campos fue el general Camilo Alonso Vega. La principal función de los campos era la de retener a tantos prisioneros de guerra republicanos como fuera posible, y todos aquellos que fueran calificados de "irrecuperables" eran automáticamente ejecutados. Muchos de los encargados de la represión o la administración en los campos habían sido víctimas en la zona republicana, y por este motivo destacaron por manifestar una voluntad de furia y venganza con los vencidos. Tampoco los funcionarios de alta instancia se mostraron muy contrarios a este clima de represión y venganza: El director general de Prisiones, Máximo Cuervo Radigales, y el jefe del Cuerpo Jurídico Militar, Lorenzo Martínez Fuset, contribuyeron en no poca medida a crear este clima represivo.
En 1946, diez años después del comienzo de la Guerra Civil, todavía estaban operativos 137 campos de trabajo y 3 campos de concentración, en los que estaban acogidos 30 000 prisioneros políticos. El último campo de concentración en cerrar fue el de Miranda de Ebro, que fue clausurado en enero de 1947.
El trato a los internos
Las torturas y los malos tratos fueron comunes en los campos de concentración donde los internos ―muchos de ellos sin haber sido acusados formalmente de ningún delito― soportaron unas condiciones de vida marcadas por «la carestía, la enfermedad, el hacinamiento y la corrupción». No era infrecuente que los que propinaban las palizas a los presos fueran falangistas o familiares de víctimas a los que se dejaba entrar en el establecimiento. Los internos eran objeto de castigos propinados por los que los custodiaban o por los cabos de vara que reaparecieron en los campos de concentración y también en el ámbito penitenciario. Los prisioneros de los campos de concentración calificados como «desafectos» también fueron obligados a realizar trabajos forzados en batallones formados al efecto.
Deportación de exiliados españoles y brigadistas de la Guerra Civil a campos nazis Aparte de los campos de concentración en España, se afirma que en el exilio de republicanos a Francia cerca de 10 000 españoles acabaron en campos de concentración nazis, sin que el ministro de exteriores de Franco, Ramón Serrano Súñer, hiciera nada por salvarlos. Existe documentación escrita por la que los alemanes consultaban qué hacer con los "dos mil rojos españoles de Angulema". Los pocos que se salvaron no pudieron regresar a España.
Por otra parte, las autoridades franquistas también colaboraban con sus aliados nazis entregándoles a prisioneros checos, belgas o alemanes para acabar siendo fusilados o recluidos en cárceles y campos de concentración del III Reich, donde pereció la mayor parte de ellos. Esas entregas fueron ordenadas personalmente por Franco, vulnerando cualquier principio jurídico e incluso contra el criterio de sus propios funcionarios. Así, ante el posible traslado a la Alemania hitleriana de ocho brigadistas confinados en San Pedro, el responsable del Servicio Nacional de Política y Tratados cuestionó por escrito la extradición, oponiéndose a la misma. Haciéndose caso omiso de sus argumentos, sobre el informe de este alto diplomático el ministro Gómez-Jordana escribió a mano: «S. E. el Generalísimo ordenó se entreguen».
Otro uso que Franco dio a los brigadistas internacionales recluidos en el campo de San Pedro fue el de intercambiarlos por prisioneros en manos de las autoridades republicanas. Se conoce un escaso número de estos trueques de soldados pero, aun así, algunos militares de la Alemania nazi y fascistas italianos lograron retornar a sus países de origen de esta manera.
Organización Campos de concentración
Durante la guerra civil española y los primeros años de la dictadura franquista estuvieron en funcionamiento cerca de 300 campos de concentración según las últimas investigaciones, de entre los cuales destacaron:
Campo de concentración de Albatera: se utilizaron los terrenos que ocupó el campo de trabajo republicano abierto en octubre de 1937. Campo de concentración de Camposancos. Campo de concentración de Castuera. Campo de concentración de La Corchuela. Campo de concentración de Los Almendros. Campo de concentración de Miranda de Ebro. Campo de concentración de San Pedro de Cardeña: ubicado en el monasterio burgalés del mismo nombre, fue el lugar de internamiento de los prisioneros de las Brigadas Internacionales. Campo de concentración de Horta, en Barcelona. Campo de concentración de Higuera de Calatrava, provincia de Jaén. Campo de concentración de Las Arenas, dedicado a la reclusión de indigentes.
Batallones de Trabajadores y trabajo forzado thumb|Nave central del Valle de los Caídos, excavada en la piedra. thumb|Comienzo del Canal de los Presos en Peñaflor (Sevilla).