thumb|Retrato de Felipe IV de España por Velázquez (1644) La Crisis de 1640 fue una de las crisis políticas más graves que vivió la Monarquía Hispánica de los Austrias, pues durante este periodo, la soberanía de la misma casa por poco desaparece. Durante esta etapa se produjo el proceso bélico de secesión del Reino de Portugal. Tuvo lugar durante el reinado de Felipe IV de España y entre sus causas principales se encuentra el proyecto de Unión de Armas propuesto por el valido Conde-Duque de Olivares.Elliot, op. cit; también otras obras posteriores de John H. Elliot, como Elliott, J.H. et al., 1640: La Monarquía Hispánica en crisis, Barcelona, 1991. El origen intelectual del concepto puede remontarse a autores anteriores, como Francisco Tomás y Valiente: Tomás y Valiente F., et al., La España de Felipe IV. El gobierno de la Monarquía. La crisis de 1640 y el fracaso de la hegemonía española, Madrid, 1982 (tomo XXV de la Historia de España de Espasa-Calpe). Todo ello dentro del contexto de la guerra de los Treinta Años y de la reanudación de la guerra de los Ochenta Años contra los rebeldes de las Provincias Unidas de Holanda y Zelanda.
Esta crisis se enmarca en la que se conoce como crisis del , que afectó particularmente al sur y centro de Europa.Aston, op. cit. La Monarquía Católica de Felipe IV, como otras monarquías compuestas europeas, tuvo que hacer frente a importantes desafíos internos y externos que cuestionaban su estructura política y social. La monarquía francesa era la que estaba en mejor posición para evolucionar, no sin dificultades, al absolutismo, mientras que la inglesa, en momentos no menos terribles (guerra civil inglesa), terminó encontrando una solución más avanzada: la monarquía limitada.Perry Anderson El estado absoluto
Antecedentes
En 1580 la Monarquía Hispánica, nacida con los Reyes Católicos en 1479, había incorporado al reino de Portugal, con lo que toda España —en el sentido geográfico que tenía este término entonces— quedó bajo la soberanía de un único monarca, Felipe II. Como advirtió Francisco de Quevedo en España defendida, obra publicada en 1609, «propiamente España se compone de tres coronas: de Castilla, Aragón y Portugal». En cuanto a su estructura interna la Monarquía Hispánica era una monarquía compuesta en la que los «Reinos, Estados y Señoríos» que la integraban estaban unidos según la fórmula aeque principaliter, bajo la cual los reinos constituyentes continuaban después de su unión siendo tratados como entidades distintas, de modo que conservaban sus propias leyes, fueros y privilegios, lo que implicaba que el rey católico no tenía los mismos poderes en sus Estados. Así, mientras en la Corona de Castilla gozaba de una amplia libertad de acción, en los estados de la Corona de Aragón y en Portugal su autoridad estaba considerablemente limitada por las leyes e instituciones de cada uno de ellos. Esto explica que Castilla soportara la mayor carga de los gastos de la Monarquía, pero que también gozara del beneficio de constituir el núcleo central de la misma —por ejemplo, la inmensa mayoría de los cargos eran ocupados por la nobleza castellana y por juristas castellanos— y que quedara adscrita a su Corona el Imperio de las Indias.
La «decadencia» de Castilla, las necesidades de la guerra y las dificultades de la Hacienda real
A principios del , la situación de Castilla —de donde hasta entonces habían salido los hombres y los impuestos que necesitaron Carlos I y Felipe II para su política hegemónica en Europa— ya no era la misma que la del siglo anterior. Como ha señalado Joseph Pérez, Castilla «se hallaba exhausta, arruinada, agobiada después de un siglo de guerras casi continuas. Su población había mermado en proporción alarmante; su economía se venía abajo; las flotas de Indias que llevaban la plata a España llegaban muchas veces tarde, cuando llegaban, y las remesas tampoco eran las de antes. En comparación con Castilla, las coronas de Aragón y Portugal habían conservado su autonomía interna, protegida por sus fueros y leyes, que limitaban el poder del rey».
La difícil situación de Castilla y la caída de las remesas de metales preciosos de las Indias tuvo una repercusión inmediata en los ingresos de la Hacienda real, cuya crisis se vio agravada en 1618 cuando comenzó la que sería llamada guerra de los Treinta Años y cuando en 1621 expiró la Tregua de los Doce Años con las Provincias Unidas —reanundándose así la guerra de los Ochenta Años—. Esa compleja situación es la que tuvieron que afrontar el nuevo rey Felipe IV y su valido el conde-duque de Olivares.
Durante la guerra de los Treinta Años (1618-1648) la monarquía de Felipe IV tuvo que realizar campañas militares en toda Europa para mantener unido un conjunto territorial disperso y poco cohesionado, de valor estratégico muy dispar (península ibérica, sur de Flandes, media Italia, enclaves entre Francia y Alemania), sin descuidar el imperio ultramarino, a la vez que se seguía una política de prestigio o de «reputación», en defensa de la religión católica y de la rama austriaca de los Habsburgo, lo que explica que no se renovara la Tregua de los Doce Años con Holanda y que se interviniera en la guerra europea en contra de las potencias protestantes y la Francia de Richelieu. Todo ello había que hacerlo en medio del aislamiento internacional que no se conseguía romper a pesar de los intentos de conseguir una alianza con Inglaterra. Tampoco el papa exhibía ninguna simpatía a la Monarquía Católica. Aun así se habían conseguido éxitos notables, como mantener accesible la ruta de los Tercios o «camino español» entre Italia y Flandes (luchas por el enclave estratégico de la Valtellina, 1620-1639).
Pero el esfuerzo bélico que requería la guerra era imposible de mantener para una hacienda sin recursos: los ingresos americanos (extracción de metales preciosos estancada o en declive desde finales del , y dependientes del sistema de la flota de Indias, sometido al azar de las tempestades y la presión de piratas y corsarios de las potencias navales emergentes Inglaterra y Holanda; los impuestos de la Corona de Castilla (también disminuyendo por la coyuntura de crisis y despoblación y dependientes de unas Cortes que aunque nunca se negaron a conceder fondos, complicaban su concesión y forma de cobro),y que se quejaban de que los demás territorios de la monarquía no contribuían significativamente; la venta de jurisdicciones (señoríos), que disminuía el realengo y provocaba la refeudalización y la disminución efectiva del poder real; la política monetaria (devaluación de la moneda de vellón); la deuda pública (juros), creciente y muy problemática, que condujeron a las sucesivas quiebras de Felipe IV.
El proyecto de Olivares: el memorial secreto de 1624 y la Unión de Armas
thumb|250px|El Conde Duque de Olivares, por Velázquez, 1632. Aparece un valido de gesto decidido en la cúspide de su poder y del de la Monarquía Hispánica, con el bastón de mando militar, en un cuadro que es pendant con uno de composición simétrica del propio rey, ambos en el Museo del Prado. El proyecto de Olivares, resumido en su aforismo Multa regna, sed una lex, «Muchos reinos, pero una ley», que era sin duda la ley de Castilla, donde el poder del rey era más efectivo que en cualquier «provincia» que mantuviese sus tradicionales «libertades», implicaba modificar el modelo político de monarquía compuesta de los Austrias en el sentido de uniformizar las leyes e instituciones de sus reinos. Esta política fue plasmada en el famoso memorial secreto preparado por Olivares para Felipe IV, fechado el 25 de diciembre de 1624, cuyo párrafo clave decía:
Como este proyecto requería tiempo y las necesidades de la Hacienda eran acuciantes, el Conde-Duque presentó oficialmente en 1626 un proyecto menos ambicioso pero igualmente innovador, la Unión de Armas, según el cual todos los «Reinos, Estados y Señoríos» de la Monarquía Hispánica contribuirían en hombres y en dinero a su defensa, en proporción a su población y a su riqueza. Así la Corona de Castilla y su Imperio de las Indias aportarían 44.000 soldados; el Principado de Cataluña, el Reino de Portugal y el Reino de Nápoles, 16.000 cada uno; los Países Bajos del sur, 12.000; el Reino de Aragón, 10.000; el Ducado de Milán, 8.000; y el Reino de Valencia y el Reino de Sicilia, 6.000 cada uno, hasta totalizar un ejército de 140.000 hombres. El Conde-Duque pretendía hacer frente así a las obligaciones militares que la Monarquía de la Casa de Austria había contraído. Sin embargo, el conde-duque era consciente de la dificultad del proyecto ya que tendría que conseguir la aceptación del mismo por las instituciones propias de cada Estado —singularmente de sus Cortes—, y éstas eran muy celosas de sus fueros y privilegios.
Con la Unión de Armas Olivares retomaba las ideas de los arbitristas castellanos que desde principios del , cuando se hizo evidente la «decadencia» de Castilla, habían propuesto que las cargas de la Monarquía fueran compartidas por el resto de los reinos no castellanos, aunque nada dijeron de compartir también los beneficios."Cuando los castellanos se quejaban del intolerable peso que tenían que soportar, tendían a olvidar que su historia imperial no había sido exclusivamente una saga de autosacrificios. Si soportaban el peso de la Monarquía, en forma de provisión de tropas y dinero para la defensa de sus posesiones, también era cierto que habían conseguido casi el monopolio de los cargos en la Corte y en la administración imperial. Pero estos beneficios de la Monarquía, nada menospreciables, eran fácilmente pasados por alto; tan fácilmente como el hecho de que si las riquezas de las Indias habían supuesto a la larga sólo una pequeña ventaja para Castilla, sólo a Castilla podía imputársele el hecho" (Elliot, 1982, pág. 166). Unas ideas que cuando empezó la guerra de los Treinta Años fueron también asumidas por el Consejo de Hacienda y el Consejo de Castilla. Este último en una «consulta» del 1 de febrero de 1619 afirmó que las otras «provincias», «fuera justo que se ofrecieran, y aun se les pidiera ayudaran con algún socorro, y que no cayera todo el peso y carga sobre un sujeto tan flaco y tan desuntanciado», en referencia a la Corona de Castilla. Sin embargo, la opinión que tenían los arbitristas y los consejos castellanos sobre la escasa contribución de los estados de la Corona de Aragón a los gastos de la Monarquía no se ajustaba completamente a la realidad, además de que los castellanos sobrestimaban la población y la riqueza de los reinos y estados no castellanos, una idea que también compartía el Conde-Duque de Olivares.
La oposición de los reinos y estados no castellanos a la Unión de Armas Mientras en la corte de Madrid la Unión de Armas fue recibida con grandes elogios —«único medio para la sustentación y restauración de la monarquía»—, en los estados no castellanos ocurrió exactamente lo contrario, conscientes de que si se aprobaba tendrían que contribuir regularmente con tropas y dinero, y de que supondría una violación de sus fueros, ya que en todos ellos, como ha señalado Elliott, «reglas muy estrictas disponían el reclutamiento y la utilización de las tropas».
Según Joseph Pérez, la oposición de los estados no castellanos a la Unión de Armas se debió, en primer lugar, a que el cambio que se proponía «era demasiado fuerte como para ser aceptado sin resistencia» por unos «reinos y señoríos que habían disfrutado desde siglo y medio de una autonomía casi total»; y, en segundo lugar, porque «el propósito de crear una nación unida y solidaria venía demasiado tarde: se proponía a las provincias no castellanas participar en una política que estaba hundiendo a Castilla cuando no se le había dado parte ni en los provechos ni en el prestigio que aquella política reportó a los castellanos, si los hubo».