La convulsión social en Perú o el Estallido peruanoVera Vera, E. (2023). El estallido social en Puno : Nuevas demandas, nuevos actores (de diciembre de 2022 a abril de 2023). Grupo Propuesta Ciudadana. fue una serie de manifestaciones intermitentes, sucedidas desde el 7 de diciembre de 2022 (primera etapa de protestas) hasta mediados de diciembre del año 2023 (segunda etapa de protestas), encontrándose enmarcadas en la crisis política que azota al país desde 2021 (con antecedentes que se remontan al año 2016). Estas comenzaron en las ciudades de Lima, Apurímac, Arequipa y Puno, luego se propagaron a lo largo de todo el país. La mayoría fueron convocadas por diversas organizaciones sociales (principalmente sindicales, indígenas, estudiantiles, campesinas) de izquierda que, a lo largo del tiempo, sumarían el apoyo de partidos políticos afines al espectro ideológico de centro - extrema izquierda. No obstante, las protestas se caracterizaron por la carencia de un liderazgo centralizado, y la incorporación a distintos niveles de un amplio espectro social, principalmente de los sectores más pobres y excluidos del país.
Las causas fueron el intento de autogolpe del entonces presidente Pedro Castillo, su destitución del cargo y su posterior detención, con la subsiguiente sucesión constitucional por parte de la vicepresidenta Dina Boluarte. En un inicio, los manifestantes estaban compuestos, en su mayoría, por simpatizantes del expresidente Castillo con exigencias que priorizaban su liberación y restitución. Aunque Castillo se autodenominaba «presidente de Perú» después del intento de autogolpe, los objetivos variaron rápidamente. Con el apoyo de las masas, los nuevos líderes priorizaron cambios políticos a profundidad, incluyendo la renuncia de la presidenta Boluarte, el cierre del Congreso de la República (representado principalmente por el Bloque Democrático), el adelanto inmediato de elecciones generales y un referéndum sobre una asamblea constituyente para la redacción de una nueva Constitución. Estas exigencias evidenciaron un rechazo generalizado a toda la «clase política» y al descrédito institucional, situación que se agravó con los eventos posteriores.
Durante el mes de diciembre de 2022 las manifestaciones se concentraron en el sur, y luego se expandieron. En Lima estas fueron calificadas por los medios como parte de un supuesto «golpe de Estado» civil, cuya alusión siguió usándose hacia los detractores del gobierno. Los sucesos con mayor repercusión mediática se dieron en la región Apurímac, con la declaratoria de «insurgencia popular». En dicho contexto, fallecieron ocho manifestantes tras el uso de munición por parte de la policía. Al día siguiente, el gobierno declaró el estado de emergencia regional, luego se extendió a nivel nacional.
El día 15 de diciembre, tras el ingreso de manifestantes en el aeropuerto de Huamanga, unidades del ejército peruano dispararon contra protestantes en los alrededores del aeródromo, resultando en una decena de ciudadanos muertos. Con la cercanía de las festividades de fin de año, las protestas disminuyeron significativamente hasta la primera semana de enero.
A inicios del año 2023, el sector de Barrio Chino y Expansión Urbana (Ica) fueron uno de los puntos más conflictivos, llevando al despliegue del ejército para la recuperación de la Panamericana Sur. El 9 de enero, durante las manifestaciones en Juliaca, resultaron muertos dieciocho ciudadanos y un policía. Ante estos eventos, se recrudecieron las manifestaciones en todo el país. Para el 19 de enero se convocó, en Lima, una movilización denominada «toma de Lima», en conjunto con un paro nacional.
La CIDH señaló que la mayoría de las 477 protestas registradas en los dos primeros meses de la convulsión social (diciembre y enero) fueron pacíficas, mientras que 68 fueron registradas como «violentas». La Defensoría del Pueblo registró bloqueos de carreteras, toma de aeropuertos y el ataque de instalaciones policiales y fiscales, con graves daños a la infraestructura pública; además de reportar en varias ciudades del país casos de saqueos y vandalismo de instalaciones de empresas y compañías mineras.
En este clima, continuaron enfrentamientos entre las fuerzas policiales y militares en contra de los manifestantes. Según información de Hildebrandt en sus Trece, la institución policial propuso estrategias para abatir manifestantes bajo la denominación «delincuentes terroristas». El gobierno y la mayoría de los empresarios y medios de comunicación de Lima repudiaron las manifestaciones y tildaron a los protestantes de «azuzadores».
Con la temporada de las festividades carnavalescas, se produjo una reducción del número de movilizaciones; pero estas continúan hasta la actualidad en varias ciudades del país. Para inicios de marzo, se registraron movilizaciones desde el interior del país para una nueva protesta en Lima, aunque en menor número a comparación de meses anteriores. En las semanas siguientes, las protestas perdieron intensidad, e incluso se volvieron esporádicas. Esto llevó a la discusión de si realmente habían terminado o no, por lo que la presidenta Boluarte señaló que «estamos a la mitad de crisis». Sin embargo el diario El País de España, frente al resurgimiento de la convulsión a mediados de 2023, afirmó que la «incapacidad del Gobierno para hacer frente a esa ola de descontento a través de la acción política o la negociación quedó demostrada por las protestas».
En mayo de 2023, el Tribunal Constitucional dictaminó que «admitir la existencia de un derecho a la protesta, en términos de reclamar o expresar, generalmente con vehemencia, la opinión, queja o disconformidad, llegando a la violencia que vulnera derechos ajenos, es un razonamiento inconstitucional y convencional». Este se estableció en la casación 1464-2021/Apurímac a pesar de que la afirmación no buscó afectar otros derechos constitucionales.
Contexto Contexto regional 200px|thumb|Mapa de América Latina según tendencias ideológicas: en rojo se observan los países gobernados por la izquierda en 2023. La victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de México en 2018, marcó el inicio de un nuevo giro a la izquierda en América Latina. A lo largo de los siguientes años, más líderes de izquierda obtendrían la victoria electoral: en 2019, el progresista Alberto Fernández derrotó al liberal Mauricio Macri en Argentina; al año siguiente, en medio de la pandemia de COVID-19, Luis Arce con el Movimiento al Socialismo arrasó en los comicios en Bolivia.
Esta tendencia continuó a lo largo de 2021: en Perú, el sindicalista Pedro Castillo derrotó por un estrecho margen a la derechista Keiko Fujimori; en Honduras, la izquierdista Xiomara Castro fue elegida presidenta, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en el país; en Chile, el socialista Gabriel Boric obtuvo un contundente triunfo sobre el ultraconservador José Antonio Kast. Al año siguiente, Gustavo Petro se alzó como el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia, mientras Luiz Inácio Lula da Silva volvió al poder tras derrotar a Jair Bolsonaro en Brasil.
Al mismo tiempo, durante finales de la década de 2010 e inicios de la de 2020, se desarrollaron multitudinarias protestas en varios países de la región en contra de las medidas de austeridad y la desigualdad de ingresos. El estallido social chileno movilizaría a millones de personas a las calles en contra del gobierno neoliberal de Sebastián Piñera desde octubre de 2019. En Ecuador, tras el giro ideológico del gobierno de Lenín Moreno, se registraron protestas masivas ese mismo mes. En Colombia, el gobierno conservador de Iván Duque enfrentaría manifestaciones multitudinarias en dos ocasiones: un paro nacional en 2019-2020 y un nuevo estallido social en 2021.
Contexto nacional
Durante las presidencias de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, el Congreso de partidos de derecha encabezado por la hija del expresidente peruano Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, obstaculizó muchas de las acciones de los presidentes. Según Walter Albán, titular de Transparencia Internacional Perú, el Congreso ha sido infiltrado por grupos criminales que obstruyen las reformas para mantener su estatus e inmunidad parlamentaria, mientras que Human Rights Watch dijo que el Congreso estaba más centrado en el beneficio personal y el intercambio de votos, que en los problemas que enfrenta la nación.
Desde diciembre de 2016, Perú atravesó por una crisis política caracterizada por el enfrentamiento entre el Ejecutivo con las fuerzas políticas opositoras del Congreso. Pedro Pablo Kuczynski, pese a ganar las elecciones presidenciales de 2016, tuvo que enfrentar la arrolladora mayoría parlamentaria de Fuerza Popular, que impidió la articulación de un gobierno estable. Tras dos intentos de vacancia, después de experimentar la obstrucción del Congreso y varios escándalos, el presidente Kuczynski renunció a la presidencia.
Martín Vizcarra, sucesor de Kuczynski, heredó la debilidad política de su predecesor. Durante su periodo, estallaron escándalos como la crisis del sistema judicial y el develamiento de un esquema de corrupción impulsado por la compañía Odebrecht que afectaba a todos los expresidentes desde la transición democrática del 2000. Gracias a un gran apoyo popular, Vizcarra consiguió cierta estabilidad en su gobierno y se enfrentó a un Congreso que ya era calificado de obstruccionista; el legislativo sería disuelto por el presidente peruano en septiembre de 2019.
En medio de la crisis por la pandemia del coronavirus, el nuevo Congreso impulsó dos procesos de vacancia presidencial contra Vizcarra por acusaciones de corrupción, y este terminó destituido en noviembre de 2020. Manuel Merino asumió la presidencia del país en medio de multitudinarias manifestaciones en su contra; renunció tras apenas cinco días debido a la desaprobación masiva. Francisco Sagasti se convirtió en el nuevo presidente, pero su gobierno también enfrentó la oposición parlamentaria, un paro agrario y los desafíos a los resultados de las elecciones generales.
El izquierdista Pedro Castillo ganó por escaso margen en los comicios presidenciales de 2021 y, pese a los intentos de revertir el resultado de su oponente Keiko Fujimori y sus aliados, sucedió a Sagasti en la presidencia en el mes de julio. Durante el proceso electoral, las fuerzas armadas, los grupos empresariales, los partidos políticos y la mayoría de los medios de comunicación en Perú colaboraron con Fujimori, con algunos exigiendo un golpe de Estado contra Castillo. Fujimori posteriormente culparía a la denominada «izquierda internacional» por permitir el apoyo del candidato rural en pleno auge del espectro político en la región.
Ya en el poder, Pedro Castillo se enfrentó a un Congreso nuevamente dominado por la oposición (el autodenominado Bloque Democrático) y a las acusaciones de supuestas vinculaciones a Sendero Luminoso, grupo terrorista de extrema izquierda que operó en el país entre 1980 y 2000. El diario británico The Guardian dijo que se asociaba «incorrectamente» a un izquierdista como Castillo con Sendero Luminoso, y The Associated Press dijo que las acusaciones de los medios peruanos de vínculos con Sendero Luminoso «no tenían respaldo». El profesor de políticas públicas Gonzalo Banda afirmó que aunque Castillo fue acusado de estar vinculado al terrorismo comunista, «en los lugares donde el terrorismo causó más derramamiento de sangre, Castillo ganó por mucho». Estallaron varios escándalos de corrupción y conflictos de interés que afectaban directamente la institucionalidad del gobierno, además de numeras protestas y paros impulsados por la crisis económica y alimentaria mundial, la agitación social también fue promovida por organizaciones políticas como el movimiento etnocacerista liderado por Antauro Humala.
Causas Intento de autogolpe de Estado
Causas subyacentes
Centralismo en Perú