miniaturadeimagen|350x350px|Posicionamiento internacional respecto a las elecciones presidenciales de 2024. Venezuela Reconocimiento/Felicitaciones Desconocimiento/Petición de verificación Sin declaraciones alt=|miniaturadeimagen|350x350px|Países que han sancionado a Venezuela durante la crisis.

Las relaciones exteriores de Venezuela durante la dictadura de Nicolás Maduro han significado, por una parte, una continuación de la política exterior de Hugo Chávez en el acercamiento a Cuba, Nicaragua, Rusia, Irán y China, y alejamiento de Israel, pero por otra parte, han estado marcadas por aislacionismo regional político para el país tras las rupturas de relaciones diplomáticas con gran parte del continente americano, incluyendo Argentina, Bolivia (restablecidas en 2020), Brasil (restablecidas en 2022), Chile, Colombia (restablecidas en 2022), Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras (restablecidas en 2022), Panamá, Paraguay (restablecidas en 2023), Perú, República Dominicana y Uruguay. En 2017 Venezuela anunció su salida de la Organización de los Estados Americanos (OEA), durante la crisis institucional de ese año.

Desde 2024 China y Rusia, junto a una parte de la comunidad internacional, reconocen el tercer período de Nicolás Maduro como presidente, mientras que otra, especialmente países de Latinoamérica y Occidente, ha pedido auditorías de las elecciones presidenciales de 2024 y no han reconocido a Maduro mientras no se publiquen las actas de votación, tras las denuncias de fraude electoral de la oposición. Por su parte, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y Uruguay reconocen como ganador de las elecciones presidenciales a Edmundo González Urrutia tras los resultados contrastados por la PUD al CNE.

Actualmente hay una disputa territorial de la Guayana Esequiba con Guyana que ha traído tensiones en la frontera entre ambos países debido a los proyectos de explotación petrolífera guyanesa en aguas reclamadas por Venezuela, incrementadas tras el controversial referéndum consultivo de Venezuela en 2023 y la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba de 2024.

Durante la crisis presidencial de 2019-2023 entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, la Asamblea nombró a Guaidó presidente interino en 2019, tras la declaración de la Asamblea de «abandono del cargo» por parte de Maduro, siendo Guaidó reconocido inicialmente por 60 países como presidente hasta 2023, cuando se exilió en Estados Unidos.

Los cancilleres del gobierno han sido Elías Jaua, Rafael Ramírez Carreño, Delcy Rodríguez, Samuel Moncada, Jorge Arreaza, Félix Plasencia, Carlos Faría e Yván Gil, actual encargado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores desde 2023 hasta 2026.

Cancilleres Según los historiadores rusos Dmitry Rozental y Víctor L. Jeifets: «(En 2013) para los bolivarianos fue indispensable, en la situación cambiada, enmendar los criterios diplomáticos» y para esto «parecía que el primer paso por esa vía fue el nombramiento, en septiembre de 2014, de un funcionario de influencia como Ministro de Asuntos Exteriores, el extitular de la industria petrolera y presidente de la Compañía estatal del Petróleo y de Gas, PDVSA, Rafael Ramírez, conocido por un enfoque pragmático con respecto a la solución de los problemas que afronta el país». Sin embargo, «la influencia de R. Ramírez como ministro de la industria petrolera y presidente de la PDVSA era tan grande que, el traslado del funcionario a la labor diplomática debilitó indudablemente sus capacidades administrativas». Tras esto, vino «Delcy Rodríguez, una funcionaria menos prestigiosa, pero leal al jefe de Estado, conduciría al repliegue de la reforma de la política exterior del país».

América

Argentina miniaturadeimagen|Cristina Fernández de Kirchner y Nicolás Maduro en el funeral de Chávez. En diciembre de 2023 se dio a conocer que el gobierno de Javier Milei no designaría un embajador en Venezuela. Milei no invitó a Maduro a su toma de posesión.

Después de que un avión venezolano Boeing 747 en Buenos Aires fuera decomisado y entregado a Estados Unidos en 2024 debido a que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos había sido vendido por la compañía iraní Mahan Air, que estaba sancionada por la justicia estadounidense, Maduro declaró en televisión el 15 de febrero de 2024 que «el bandido de Milei se robó el avión de Venezuela» y que «se las da de loco o es loco o las dos cosas a la vez».

El 18 de julio de 2024 Nicolás Maduro llamó «malparido» a Javier Milei y lo acusó de estar implicado en una supuesta trama para suspender las elecciones presidenciales. Un día después, la Cancillería argentina comunicó a la Corte Penal Internacional (CPI) el reingreso de Argentina en el juicio sobre derechos humanos en el país debido al «deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela». El 22 de julio el vocero presidencial argentino, Manuel Adorni, declaró: «Maduro es un personaje que se ha transformado en un, o siempre lo ha sido, dictador».

El 23 de julio de 2024 el expresidente peronista Alberto Fernández confirmó su participación como observador electoral, declarando que se reuniría con dirigentes de la oposición para «escuchar sus preocupaciones» y reiteró «si (Nicolás Maduro) es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptarlo». Al día siguiente Fernández confirmó que le habían cancelado la invitación, puesto que sus palabras «causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad»; Fernández protestó la decisión y criticó que su opinión coincidía con las críticas del presidente brasileño Lula Da Silva a las declaraciones de Maduro sobre un «baño de sangre» tras una eventual derrota electoral. El presidente chileno Gabriel Boric lo respaldó.

Tras las elecciones presidenciales, la Cancillería argentina emitió un comunicado ese día junto a los cancilleres de Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, pidiendo garantías de que el gobierno respetaría el resultado de las elecciones. El presidente Milei declaró «Dictador Maduro, afuera», estableciendo que «Argentina no va a reconocer otro fraude» y pidió «que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular». El expresidente Mauricio Macri dijo «Maduro debe dejar el poder. Ahora las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen la oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia».

Pedro Urruchurtu, un asilado político en la embajada argentina en Venezuela denunció un asedio de encapuchados a la residencia del embajador aquel día, donde hay cinco disidentes más del gobierno de Maduro asilados. El mismo día, en Argentina, la embajadora venezolana Stella Lugo acusó a de «injerencista» a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras su apoyo a los migrantes venezolanos que votaban y esperaban los resultados de las elecciones presidenciales el 28 de julio.

El 29 de julio el gobierno de Maduro ordenó la expulsión del país del personal diplomático de la Embajada argentina en Venezuela, acusándolo de intervencionismo tras los comunicados del gobierno de Milei en torno al desconocimiento de los resultados ofrecidos por Elvis Amoroso en nombre del CNE tras la denuncia de fraude hecha por la oposición; luego cortó la luz y el agua en la embajada. La cancillería argentina condenó el «hostigamiento» a su embajada. La Internacional Socialista condenó la expulsión del cuerpo diplomático argentino y el presidente Lula le reiteró a Maduro que garantizar la seguridad de la embajada era su responsabilidad. Los cancilleres de Argentina y Brasil acordaron que el gobierno de Lula se hiciera cargo de los intereses de Argentina en Venezuela, incluyendo su embajada, a partir del 1 de agosto.

Tras la sentencia del TSJ el 22 de agosto avalando la victoria de Nicolás Maduro para su tercer periodo, los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá́, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron un comunicado al día siguiente rechazando la sentencia. Ese día un empleado venezolano de la embajada argentina fue detenido por el Sebin y liberado al día siguiente tras gestiones diplomáticas.

El gobierno de Nicolás Maduro informó en un comunicado que Venezuela se vio «obligada» a tomar la decisión de revocar el permiso de Brasil por supuestas «actividades terroristas» e «intentos de magnicidio contra Nicolás Maduro».

Bolivia miniaturadeimagen|Evo Morales, Nicolás Maduro y Rafael Correa. La presidenta Jeanine Áñez anunció la ruptura de relaciones con Venezuela en 2019. Las relaciones fueron restablecidas al año siguiente tras la llegada de Luis Arce a la presidencia.

Al expresidente Jorge Quiroga, quien iba a ser observador internacional en las elecciones presidenciales de 2024, le fue impedido viajar al país desde Panamá el 26 de julio de ese año, bloqueando el espacio aéreo venezolano a su avión, donde iban otros expresidentes latinoamericanos y demás pasajeros corrientes. El gobierno de Luis Arce reconoció a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones, felicitándolo.

Brasil

Gobierno de Michel Temer miniaturadeimagen|Nicolás Maduro le obsequia a Dilma Rousseff un cuadro de Chávez. El 13 de mayo de 2016 Nicolás Maduro calificó el proceso de destitución de Dilma Rousseff como un «golpe de Estado», lo que deterioró sus relaciones con el gobierno de Temer. Según los historiadores rusos Dmitry Rozental y Víctor L. Jeifets, tras la salida de Dilma «Caracas se vio privado de un socio tradicional, capaz de fungir de intermediario entre el país y los EE.UU.».

Gobierno de Jair Bolsonaro El gobierno de Jair Bolsonaro reconoció a Juan Guaidó como presidente, rompiendo relaciones con el gobierno de Maduro en 2019.

Gobierno de Lula Da Silva miniaturadeimagen|Nicolás Maduro y Lula Da Silva en 2023. Las relaciones fueron restablecidas con Venezuela en 2022 tras la vuelta de Lula Da Silva a la presidencia. Lula invitó a Maduro a su toma de posesión, sin embargo, Maduro no asistió finalmente.

En marzo de 2024 la Cancillería brasileña emitió un comunicado que decía que seguía con «preocupación» el desarrollo del proceso electoral venezolano, denunciando que «al candidato postulado por la Plataforma Unitaria, fuerza política de oposición, sobre la cual no hubo decisiones judiciales, se le impidió registrarse» y que eso «no es compatible» con el cumpliendo de los acuerdos de Barbados.

A vísperas de la campaña presidencial de 2024, después de que Maduro hablara de un «baño de sangre» y una «guerra civil» en el país si perdía, Lula declaró: «Me asusté con la declaración de Maduro de que si pierde habrá un baño de sangre; cuando pierdes, te vas». El presidente chileno Gabriel Boric y el expresidente argentino Alberto Fernández respaldaron sus dichos.

El gobierno de Lula no ha reconocido los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas, esperando a que estén verificadas las actas, pidiendo a la misión de la ONU y al Centro Carter investigar las acusaciones de fraude emitidas por la oposición tras éstas. Después del deterioro de las relaciones entre Argentina y Venezuela, los cancilleres de Argentina y Brasil acordaron que el gobierno de Lula se hiciera cargo de los intereses de Argentina en Venezuela, incluyendo su embajada y seis opositores asilados, a partir del 1 de agosto.

El 15 de agosto, Lula sugirió en vano al gobierno de Maduro y a la oposición repetir las elecciones con mayor observación internacional imparcial o gobernar juntos en un gobierno de coalición. El 24 de agosto los gobiernos de Brasil y Colombia publicaron un comunicado conjunto que la credibilidad del proceso electoral «sólo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables» y pidieron a Estados Unidos el levantamiento de las sanciones económicas.

Chile