El Movimiento Indio Americano (en inglés, American Indian Movement, AIM) es un movimiento de base de los indígenas estadounidenses fundado en Mineápolis en julio de 1968. Surgió en zonas urbanas para hacer frente a problemas estructurales de pobreza, discriminación y brutalidad policial hacia los indígenas, y pronto amplió su agenda a numerosas cuestiones tribales derivadas del colonialismo de poblamiento en América: derechos derivados de los tratados, elevadas tasas de desempleo, ausencia de contenidos sobre los pueblos indígenas en la enseñanza y conservación de las culturas originarias.
Hombres indígenas que habían coincidido en prisión organizaron el AIM. Compartían experiencias como haber asistido a internados indios, haber prestado servicio militar y haber vivido el desarraigo de la migración a las ciudades.
Esta generación se había alejado de sus marcos tradicionales como consecuencia de la Ley Pública 959 de Reubicación India de 1956, que financió el traslado de miles de indígenas desde las reservas a las ciudades con el fin declarado de ampliar sus oportunidades laborales. Asimismo, la Ley Pública 280, una de las primeras grandes normas asociadas a la política de terminación de Estados Unidos, previó la finalización de la relación federal con varias tribus consideradas próximas a la asimilación. Estas medidas se aprobaron en virtud del poder pleno del Congreso. Como resultado, cerca del 70 % de los indígenas abandonaron sus territorios comunales en las reservas y se trasladaron a centros urbanos en busca de medios de vida. Aunque muchos sufrieron desplazamiento y desarraigo, otros comenzaron a organizarse en grupos panindios en las ciudades; algunos autores los han descrito como transnacionales. El AIM se formó en este contexto urbano y en un momento de creciente activismo indígena.
Entre noviembre de 1969 y junio de 1971, miembros del AIM participaron en la ocupación del antiguo penal federal de la isla de Alcatraz, organizada por siete grupos indígenas, entre ellos Indios de Todas las Tribus y el activista Mohawk Richard Oakes. En octubre de 1972, el AIM y otras organizaciones reunieron a participantes de todo el país en una protesta en Washington D. C. conocida como el Sendero de los Tratados Rotos. Documentos obtenidos en virtud de la Ley de Libertad de Información revelan una coordinación previa entre personal del Oficina de Asuntos Indígenas (BIA) y los autores de un documento de veinte puntos. La propuesta, redactada con la colaboración del AIM para ser entregada a las autoridades federales, se centraba en mejorar la relación entre el gobierno y las naciones indígenas.
En las décadas posteriores a su fundación, el grupo ha encabezado protestas en defensa de los intereses de los pueblos indígenas de Estados Unidos, ha promovido la renovación cultural, ha vigilado la actuación policial y ha coordinado programas de empleo en ciudades y reservas. Asimismo, ha establecido alianzas con pueblos indígenas de otros países.
Antecedentes
Década de 1950
Una directriz del gobierno estadounidense vigente desde 1940 hasta principios de la década de 1960, bajo administraciones tanto demócratas como republicanas, propició la apertura de explotaciones de uranio en tierras tribales navajo. Estas operaciones eran a menudo la única oportunidad de empleo para los navajo en zonas aisladas, por lo que muchos trabajadores aceptaron los puestos. Sin embargo, el gobierno federal conocía los riesgos asociados a la minería de uranio desde la década de 1930 y no informó a las comunidades. La mayoría de los trabajadores navajo no hablaba inglés y no disponía siquiera de una palabra en su lengua para «radiación».
Tanto las minas a cielo abierto como las hoy abandonadas siguen contaminando la tierra, el agua y el aire de las comunidades navajo. La descontaminación ha avanzado con lentitud, incluso después de aprobarse la legislación ambiental y de evaluarse los riesgos. Por ello, los navajo sostienen que el gobierno federal ha incumplido el Tratado de 1868, que encomienda a la Oficina de Asuntos Indígenas la prestación de servicios para salvaguardar su salud.
Década de 1960
El 6 de marzo de 1968, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Orden Ejecutiva 11399, por la que se creó el Consejo Nacional sobre Oportunidades Indígenas (NCIO, por sus siglas en inglés). En su mensaje al Congreso sobre los problemas de los indígenas estadounidenses, Johnson señaló que había llegado el momento de centrar los esfuerzos del país en su situación, y describió la creación del NCIO como el inicio de un esfuerzo gubernamental coordinado en esta materia. Johnson trató de vincular la responsabilidad fiduciaria del Estado hacia las tribus con la cuestión de los derechos civiles afroestadounidenses, ámbito que conocía mejor.
En el Congreso, el presidente del Subcomité de Asuntos Indígenas de la Cámara de Representantes, James A. Haley (D-FL), respaldaba los derechos indígenas. Consideraba que las naciones indígenas debían participar más en las decisiones políticas, aunque sostenía que «el derecho a la autodeterminación reside en el Congreso como representante de todo el pueblo». En la década de 1960, Haley se reunió con el presidente John F. Kennedy y con el vicepresidente Johnson para reclamar apoyo a la autodeterminación indígena y al control tribal sobre las tierras comunales. Una de las principales controversias se refería al arrendamiento a largo plazo de las tierras indígenas.
Las empresas y bancos no indígenas afirmaban que no podían invertir en arrendamientos de 25 años, por más que se ofrecieran prórrogas, ya que el plazo era insuficiente para operaciones agrícolas o industriales. Volver al arrendamiento de 99 años del siglo se planteó como una posible solución, pero un memorándum del Departamento del Interior sostuvo que un arrendamiento de 99 años equivalía en la práctica a una transmisión de la propiedad. Los conflictos sobre la tierra se remontaban a la década de 1870, cuando la política federal recurría con frecuencia al despojo más que al arrendamiento. En la década de 1950, muchos indígenas consideraban que los contratos de arrendamiento se habían convertido en una vía habitual para que personas ajenas controlaran las tierras tribales.
Wallace «Mad Bear» Anderson (tuscarora) fue un líder en el centro del estado de Nueva York durante la década de 1950. Encabezó la oposición al plan del urbanista Robert Moses para expropiar tierras tribales destinadas a un proyecto hidroeléctrico estatal de abastecimiento a la ciudad de Nueva York. La disputa concluyó con un acuerdo desfavorable para los tuscarora.
Inicios del movimiento
Al igual que otros movimientos por los derechos civiles y contra la guerra, el AIM utilizó la prensa y los medios estadounidenses para hacer llegar su mensaje, organizando acciones que pudieran captar la atención periodística. Cuando lograba ese objetivo, los medios solicitaban entrevistas a sus portavoces. En lugar de recurrir a los métodos tradicionales de presión política, el AIM se dirigió directamente a la opinión pública. Lemas y consignas como la canción del AIM quedaron asociados al movimiento.
Figuras destacadas
Dennis J. Banks fue un miembro de la tribu ojibwe que cofundó el AIM en Mineápolis en 1968. Llegó a ser uno de los rostros más visibles del movimiento. Russell Means fue miembro de la tribu oglala lakota de la reserva de Pine Ridge. Colaboró con Banks en la creación del AIM y fue uno de sus líderes centrales. Leonard Peltier está inscrito en la banda Turtle Mountain de los Ojibwe de Dakota del Norte, y tiene también ascendencia lakota y dakota. Fue organizador y activista del AIM. Fue condenado por el asesinato de dos agentes del FBI. En enero de 2025, el presidente Joe Biden conmutó su condena por arresto domiciliario y, en febrero de ese año, abandonó la prisión federal.
miniaturadeimagen|Protesta indígena en Seattle, Washington, en la década de 1970.
Acciones y acontecimientos
Durante el Día de Acción de Gracias de 1970, en los actos por el 350.º aniversario del desembarco de los peregrinos en Plymouth Rock, un grupo del AIM se apoderó de la réplica del Mayflower atracada en Boston. En 1971, miembros del AIM ocuparon el Monte Rushmore durante varios días. Esta escultura se talló en una montaña considerada sagrada por los lakota, en una zona de las Black Hills de Dakota del Sur que el gobierno federal se apropió tras el descubrimiento de oro. El territorio se hallaba originalmente dentro de la Gran Reserva Sioux, creada por el Tratado del fuerte Laramie de 1868, que abarcaba la mayor parte del actual estado de Dakota del Sur al oeste del río Misuri. Tras el descubrimiento de oro en 1874, el gobierno federal fragmentó la gran reserva y vendió buena parte de las Black Hills a colonos europeo-estadounidenses para la minería y el asentamiento, y reasignó a varias tribus lakota a cinco reservas más pequeñas en la zona.
Activistas indígenas de Milwaukee tomaron una estación abandonada del Servicio de Guardacostas en la orilla del lago Míchigan. La acción se inspiró en la ocupación de Alcatraz de 1969. Los activistas invocaron el Tratado del fuerte Laramie y reclamaron que la propiedad federal abandonada revirtiese al control de los pueblos indígenas de Milwaukee. El AIM mantuvo la posesión del terreno, donde se estableció la primera Indian Community School, que funcionó hasta 1980.
También en 1971, el AIM comenzó a denunciar los problemas de la Oficina de Asuntos Indígenas (BIA), que administraba programas y fideicomisos de tierras para los indígenas. El grupo ocupó brevemente la sede de la BIA en Washington D. C. Tras una detención breve, la retirada de los cargos por «entrada ilegal» y una reunión con el comisionado Louis Bruce (mohawk/lakota), concluyó la primera acción del AIM en la capital. En 1972, los activistas marcharon a través del país con el Sendero de los Tratados Rotos y tomaron la sede del Departamento del Interior, incluida la BIA, que ocuparon durante varios días con cuantiosos daños materiales.
El AIM elaboró los Veinte Puntos, un documento que resumía sus reclamaciones sobre los tratados y compromisos federales y que difundió durante la ocupación de 1972. La redacción correspondió en buena medida al activista y estratega Hank Adams. Doce de los puntos abordaban responsabilidades derivadas de los tratados que, a juicio de los manifestantes, el gobierno había incumplido:
Restablecer la firma de tratados (suspendida por el Congreso en 1871). Crear una comisión para negociar nuevos tratados con las naciones indígenas soberanas. Permitir a los líderes indígenas dirigirse directamente al Congreso. Revisar los compromisos y violaciones de los tratados. Someter al Senado los tratados no ratificados. Garantizar que la relación de todos los indígenas con el Estado se rija por tratados. Proporcionar reparaciones a las naciones indígenas por la vulneración de los derechos derivados de los tratados. Reconocer el derecho de los indígenas a interpretar los tratados. Crear un comité conjunto del Congreso para reconstruir las relaciones con los pueblos indígenas. Restituir 110 millones de acres (aproximadamente 450 000 km²) de tierra arrebatada a las naciones indígenas. Restablecer derechos suspendidos a las naciones indígenas. Derogar la jurisdicción estatal sobre las naciones indígenas (Ley Pública 280). Establecer protección federal frente a delitos cometidos contra indígenas. Suprimir la Oficina de Asuntos Indígenas. Crear una nueva Oficina de Relaciones Federales con los Indígenas. Subsanar las deficiencias en la relación constitucional entre Estados Unidos y las naciones indígenas. Garantizar la inmunidad de las naciones indígenas frente a la regulación estatal del comercio, los impuestos y las restricciones comerciales. Proteger la libertad religiosa y la integridad cultural indígenas.