El Oncenio de Leguía, también llamado Leguiato, es el periodo del segundo gobierno de Augusto Leguía como presidente del Perú entre 1919 y 1930. Se caracterizó por el desplazamiento del civilismo como fuerza política predominante, el culto a la personalidad y un estilo de gobierno dictatorial y populista. En lo económico se dio una gran apertura al capital extranjero, especialmente el estadounidense. Fortaleció al Estado, inició la modernización del país y emprendió un vasto plan de obras públicas, financiadas mediante empréstitos y cuyo fin inmediato fue festejar apoteósicamente el Centenario de la Independencia del Perú en 1921. En el aspecto ideológico, se produjo el derrumbe de los partidos tradicionales y el surgimiento de nuevas corrientes, como el aprismo y el socialismo.
Leguía había ya sido presidente constitucional entre 1908 y 1912. Su segundo gobierno iniciado en 1919 se prolongaría por once años, ya que, tras sendas reformas constitucionales, se reeligió en 1924 y en 1929. Por eso se le conoce con el nombre de Oncenio. Leguía denominó a su gobierno como la "Patria Nueva".
El Oncenio se divide en los siguientes períodos: Gobierno Provisional (4 de julio de 1919 – 12 de octubre de 1919). Primera elección (12 de octubre de 1919 – 12 de octubre de 1924). Segunda elección (12 de octubre de 1924 – 12 de octubre de 1929). Tercera elección (12 de octubre de 1929 – 25 de agosto de 1930).
Su último periodo se vio interrumpido por un golpe de Estado perpetrado por los militares, encabezados por el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro.
Ascenso al poder de Augusto B. Leguía (1919)
En las elecciones de 1919, convocadas por el entonces presidente José Pardo, se presentaron como candidatos Ántero Aspíllaga (presidente del Partido Civil y candidato oficialista) y Augusto Leguía (candidato de oposición). Los comicios se realizaron en un ambiente tranquilo y la tendencia apuntaba a que Leguía sería el triunfador. Pero hubo denuncias de vicios y defectos de parte de ambas candidaturas y el asunto pasó a la Corte Suprema, que anuló miles de votos que favorecían a Leguía. Hubo el riesgo de que las elecciones fueran anuladas por el Congreso, el cual debía ser entonces el encargado de elegir al nuevo presidente. El panorama no era muy alentador para Leguía, pues sus adversarios políticos dominaban el Congreso. Otra preocupación de Leguía era enfrentar una mayoría opositora en el parlamento, como había ocurrido en su primer gobierno.
Todo ello empujó a Leguía a dar un golpe de Estado, lo que se consumó en la madrugada del 4 de julio de 1919. Contando con el apoyo de la gendarmería y la pasividad del Ejército, los leguiístas asaltaron Palacio de Gobierno, apresaron al presidente Pardo, lo llevaron a la Penitenciaría y finalmente lo deportaron a Estados Unidos. Acto seguido, Leguía se proclamó presidente provisorio. El Congreso fue disuelto.
Leguía convocó inmediatamente a un plebiscito para someter al voto de la ciudadanía una serie de reformas constitucionales que consideraba necesarias; entre ellas se contemplaba elegir al mismo tiempo al presidente de la República y al Congreso, ambos con períodos de cinco años (hasta entonces, el mandato presidencial era de cuatro años y el parlamento se renovaba por tercios cada dos años). Simultáneamente convocó a elecciones para elegir a los representantes de una Asamblea Nacional, que durante sus primeros 30 días se encargaría de ratificar las reformas constitucionales, es decir, haría de Congreso Constituyente, para luego asumir la función de Congreso ordinario.
La Asamblea Nacional se instaló el 24 de septiembre de 1919 y fue presidida por el sociólogo y jurisconsulto Mariano H. Cornejo. Una de las primeras labores de dicha Asamblea fue hacer el recuento de votos de las elecciones presidenciales, tras lo cual ratificó como ganador a Leguía, quien fue proclamado presidente constitucional el 12 de octubre de 1919.
La Constitución de 1920
miniaturadeimagen|left|Leguía firmando la Constitución de 1920. En la Asamblea Nacional se aprobó la Constitución de 1920, que reemplazó a la Constitución de 1860.
La nueva Constitución estableció un periodo presidencial de cinco años (aunque por el momento no contemplaba la reelección inmediata); la renovación integral del parlamento paralela a la renovación presidencial; los congresos regionales en el norte, centro y sur; el régimen semiparlamentario; la responsabilidad del gabinete ante cada una de las cámaras; el reconocimiento de las comunidades indígenas; la imposibilidad de suspender las garantías individuales, etc.
Una de las características más importantes de esta Constitución fue su protección de los pueblos y comunidades indígenas. Así en el artículo 58 de dicha Constitución se establece que:
A su vez el artículo 41 consignaba que los bienes de las comunidades indígenas son imprescriptibles, protegiendo de esa manera las tierras de propiedad comunal.
Pero muchas de las innovaciones constitucionales de corte progresista no fueron implementadas y quedaron solo en el papel.
Instauración de la dictadura
Pese a que en teoría Leguía quiso sujetarse a la Constitución y realizar un gobierno con respeto a los principios democráticos, en la práctica su gobierno restringió las libertades públicas. En septiembre de 1919, las imprentas de los diarios El Comercio y La Prensa fueron asaltadas por turbas con evidente dirección gobiernista. La Prensa, donde se había parapetado la oposición, fue confiscada. De ese modo, la libertad de expresión quedó prácticamente sometida. También se barrió con la oposición en el Congreso, que quedó sometida al Ejecutivo. Los diputados Jorge y Manuel Prado Ugarteche, el primero por la provincia de Dos de Mayo, y el segundo por la de Huamachuco, fueron apresados y exiliados.
De otro lado, acabó con las Municipalidades elegidas por voto popular para reemplazarlas por personal designado por el gobierno (las llamadas Juntas de Notables).
Los opositores al gobierno fueron perseguidos, presos, deportados y hasta fusilados. Destacan entre los desterrados el entonces joven líder estudiantil Víctor Raúl Haya de la Torre, que encabezó la célebre protesta en Lima contra la consagración al gobierno del Sagrado Corazón de Jesús del 23 de mayo de 1923, en la que fallecieron un obrero y un estudiante. En el exilio, Haya fundó el APRA, partido de proyección continental inicialmente de ideario antiimperialista y antioligárquico. Otros opositores al gobierno, como los jóvenes periodistas José Carlos Mariátegui y César Falcón, fueron enviados a Europa en calidad de becados. Mariátegui, de regreso al Perú, fundó el Partido Socialista Peruano.
Otros exiliados fueron el coronel Óscar R. Benavides (expresidente del Perú), Arturo Osores, Luis Fernán Cisneros y Víctor Andrés Belaúnde. La isla de San Lorenzo, frente al Callao, fue habilitada como prisión pública donde se confinó a los opositores, sean estos profesionales civiles, militares o estudiantes. La isla de Taquile, en el Lago Titicaca, cumplió el mismo fin.
La modernización del país La modernización del país ya había sido tanteada por gobiernos anteriores, pero bajo el Oncenio de Leguía se dio su impulso definitivo. Las principales bases de este salto modernizador fueron las siguientes: El Estado, que se convirtió en el motor del desarrollo. Leguía consideró que el Estado debía fortalecerse e intervenir de una manera más dinámica y dominante, para promover la prosperidad del país. Se distanció así del modelo de Estado del civilismo, el mismo que se había apoyado en las teorías liberales. De esa manera el Presupuesto de la República creció enormemente, es decir, el Estado amplió radicalmente sus gastos, con el fin de implementar un vasto programa de obras públicas. El retorno de la política de los grandes empréstitos, algo que no ocurría en el Perú desde las décadas de 1860 y 1870. El mal recuerdo de estos últimos empréstitos, que habían provocado la bancarrota previa a la guerra con Chile, quedó superado y el gobierno concertó enormes empréstitos con la banca estadounidense, con los que financió su vasto plan de obras públicas. Se inició así la dependencia del Perú al capitalismo estadounidense que inevitablemente le obligaría a subordinarse a todo interés de dicha potencia, (ejemplo de esto último fue el Laudo de París y la solución del conflicto con Colombia, como veremos más adelante).
La celebración del Centenario de la Independencia
thumb|Leguía en las celebraciones de los 100 años de la Independencia del Perú.
Sin duda el suceso más resonante de este periodo fue la celebración apoteósica del Centenario de la Independencia (28 de julio de 1921). Llegaron 29 delegaciones extranjeras de países de América, Europa y Asia, siendo llamativas las ausencias de Venezuela (cuyo gobierno creyó equivocadamente que se había marginado al Libertador Bolívar de los homenajes) y Chile (que no fue invitado pues mantenía un conflicto territorial con Perú). Autoridades y pueblo en general no escatimaron esfuerzos para celebrar magníficamente el Centenario, a pesar del incendio que arrasó el Palacio de Gobierno, entre otras dificultades. Dicho incendio ocurrió el 3 de julio de 1921, arrasando la planta baja de Palacio, aunque, por disposición de Leguía, fue reconstruido en las semanas siguientes, quedando listo el local para recibir a las delegaciones e invitados especiales a la fiesta del Centenario.
Cada nación amiga hizo un obsequio al Perú, teniéndose entre los principales, el Estadio Nacional (Reino Unido); el Museo de Arte Italiano (Italia); la torre con el reloj del Parque Universitario (Alemania); la fuente de agua en el Parque de la Exposición (China); el monumento al Trabajo (Bélgica); el Arco Morisco, que se construyó al principio de la Avenida Arequipa (entonces denominada Avenida Leguía), obsequio de la colonia española; el monumento a Manco Cápac, en la plaza Leguía, regalo de la colonia japonesa; y otros más.
Hubo suntuosas fiestas en el Palacio de Gobierno, en los clubes, carreras hípicas de gala, fiestas populares, la gran parada militar, desfiles escolares, desfiles de carros alegóricos, y una serie de inauguraciones.
Uno de los actos más emotivos lo constituyó, sin duda, la inauguración del monumento al generalísimo José de San Martín, en la plaza que desde entonces lleva su nombre.
En diciembre de 1924 se realizaron nuevamente fastuosas celebraciones en Lima y Ayacucho, esta vez con motivo del primer centenario de la batalla de Ayacucho, la misma que había sellado la independencia del Perú y de América continental. En tal ocasión se inauguraron el Gran Hotel Bolívar (frente a la Plaza San Martín) y los monumentos al almirante Du Petit Thouars y al mariscal Sucre, este último en una plaza junto al Parque de la Reserva.
El problema de La Brea y Pariñas. El Laudo de París thumb|180px|left|Alberto Salomón Osorio, canciller del Oncenio.