El caso Nóos, también conocido como caso Urdangarin e, inicialmente, Operación Babel, fue un caso de corrupción política en España que arrancó en 2010 cuando el juez José Castro, que investigaba el caso Palma Arena, decidió abrir una pieza separada. La nueva instrucción trataba de recabar información sobre varios convenios firmados durante 2005 y 2006 por el Gobierno balear y el Instituto Nóos, una fundación «sin ánimo de lucro» presidida por Iñaki Urdangarín, en aquel momento yerno del entonces rey de España, Juan Carlos I.
Tras la investigación, la Fiscalía Anticorrupción presentó contra Urdangarín y a su socio, Diego Torres, los cargos de malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales. El 11 de enero de 2016 se abrió el vista oral ante la Audiencia Provincial de Baleares. Finalmente, Iñaki Urgangarín fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, e ingresó en la prisión abulense de Brieva.
Cronología
2006 En el mes de febrero de 2006, el diputado socialista en el Parlamento balear, Antoni Diéguez, difundió que el Govern entonces presidido por el popular Jaume Matas había pagado 1,2 millones de euros a una entidad sin ánimo de lucro para que organizara la celebración en Palma de Mallorca de un Foro sobre Turismo y Deporte entre el 22 y el 25 de noviembre de 2005. La entidad se llamaba Fundación Nóos y estaba presidida por Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina de Borbón.
El evento duró tres días y su repercusión fue mínima. A pesar de las primeras sospechas, el asunto dormitó durante varios años. Nóos y sus empresas satélite siguieron desempeñando sus actividades hasta entrado el año 2009.
2007 En el verano de 2007 estalló el caso Palma Arena, al descubrir el recién constituido gobierno balear, presidido por el socialista Francesc Antich, un sospechoso descuadre de más de 50 millones de euros en las cuentas del recién inaugurado polideportivo Palma Arena. La instalación había costado 110 millones, pese a que el precio de licitación de la obra se fijó en 43.
2009 Los duques de Palma se mudaron a Washington D. C., donde Iñaki Urdangarín asumió un cargo de alto ejecutivo de Telefónica.
2010 El caso Nóos se abrió definitivamente como derivado del caso Palma Arena. En algunos de los registros relacionados con Palma Arena, la policía halló documentos sobre dos convenios de colaboración entre el Gobierno balear y el Instituto Nóos. El juez instructor, José Castro, descubrió en esos documentos motivos suficientes para abrir una nueva pieza separada, la número 25 del caso, por apropiación indebida de fondos públicos, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración.
El 22 de julio de 2010 el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro Aragón, abrió una nueva pieza en la causa en la que pedía información sobre los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependientes del Gobierno Balear, y el Instituto Nóos, presidido entonces por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin.
El diario El País encontró un documento de un presupuesto sospechoso por un evento internacional que el mencionado instituto organizó cuando Urdangarín llevaba la gestión (desde 2004 a 2006). Se cree que persuadió varias administraciones públicas (principalmente gobiernos de comunidades autónomas) para firmar acuerdos con este instituto (que se suponía una organización sin ánimo de lucro) tanto por trabajos, que nunca se hicieron, como otros con presupuestos desorbitados de hasta 5 800 000 euros provenientes de administraciones públicas.
Estos convenios, según el criterio del instructor del caso y la Fiscalía Anticorrupción, son irregulares, dado que las entidades públicas no pueden firmar este tipo de acuerdos con empresas privadas a menos que se justifique que es la única forma de recibir el servicio. Además no se convocaron concursos públicos. Los responsables de Nóos crearon, según las investigaciones, una red societaria que facturaba al Instituto, es decir, se contrataban a ellos mismos.
La Agencia Tributaria de Cataluña presentó ante el juez instructor del caso Nóos un informe sobre las operaciones del entramado empresarial y elevó a más 230 000 euros la cantidad que en 2007 la entidad habría eludido abonar a Hacienda por el Impuesto de Sociedades.
2011 thumb|Número 224 de la calle Balmes de Barcelona, en cuya cuarta planta estaba situada la sede social de Aizoon y Baf Tejeiro, el bufete de asesoramiento fiscal de los cuñados de Diego Torres.
El juez José Castro, citó el 2 de junio de 2011 como imputado al exvicepresidente del Instituto Nóos, Diego Torres. En su declaración ante el juez el 11 de julio defendió la legalidad de los dos convenios firmados con el Govern.
El fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, dirigió el 8 de noviembre de 2011 el registro por parte de Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de las oficinas de una red de sociedades vinculadas al Instituto Nóos en Barcelona y del piso particular de Diego Torres. Dos de los edificios registrados fueron la sede del Instituto Nóos en Mestre Nicolau 19 y la sede de Aizoon en Balmes 224. Esta última sede estaba situada en la cuarta planta del edificio, sede también de Baf Tejeiro, Medina, Tejeiro, el bufete de asesoramiento fiscal de los cuñados de Diego Torres, Miguel y Marco Antonio Tejeiro, entre otros profesionales.
El mismo día la Policía Judicial recogió de las sedes de la Conselleria de Presidencia de la Generalidad Valenciana y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) documentación sobre los contratos firmados con el Instituto Nóos.
El juez Castro levantó el secreto del sumario sobre esta pieza e imputó a Iñaki Urdangarín el 29 de diciembre de 2011 por presuntos delitos en la actividad de Nóos de evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. En el auto, hecho público el 2 de enero de 2012, se refleja que el Duque de Palma y su socio Diego Torres percibieron 5,8 millones de euros del Instituto Nóos, una cantidad equivalente obtenida por la entidad a través de los Gobiernos valenciano y balear. Según el detalle de esos cobros 2 794 440 euros fueron recibidos por Nóos Consultoría Estratégica entre 2004 y 2007 y 397 996 euros por De Goes Center for Stakeholder Management entre 2006 y 2007. Además, el duque de Palma recibió 747 889,54 euros entre 2004 y 2005 de la inmobiliaria Aizoon, cuya propiedad comparte con su esposa, la infanta Cristina. El resto del dinero fue percibido por su socio, al que Virtual Strategies abonó 749 505,61 euros, Shiriaimasu 456 381,73 euros e Intuit Strategy Innovat 853 103,40 euros, siempre entre 2004 y 2007.
La Fiscalía cifra que de la suma total 3 519 533,90 euros fueron abonados por la Generalitat Valenciana (directamente o a través de la Fundación Turismo Valencia o la Ciudad de las Artes y de las Ciencias) y los otros 2 285 000 euros por el Gobierno balear a través de la Fundación Illesport.
2012 El 1 de febrero de 2012, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazó asumir la competencia sobre la denominada Operación Babel, que investigaba las actividades de Urdangarin al frente del Instituto Nóos. Por lo tanto, el caso continuará su instrucción por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro. Según el auto dictado por el juez central número dos, unas defraudaciones como las investigadas en esta causa "es obvio que no tienen la entidad y significación suficiente para conmover la confianza que es fundamento necesario de la seguridad del tráfico mercantil o para alterar el normal desarrollo de la economía nacional".
Los dos primeros imputados llamados a declarar fueron el exsocio de Urdangarín, Diego Torres, y su mujer, Ana María Tejeiro, que se acogieron a su derecho a no declarar el 11 de febrero de 2012. Sí lo hizo Miguel Tejeiro, hermano de la mujer de Torres, que ejerció de contable en varias de las sociedades y fue secretario de Nóos. Tejeiro reconoció que el duque de Palma y su socio crearon una sociedad en Belice, asesorados por el abogado especializado en fiscalidad Salvador Trinxet, para pagar menos impuestos, aunque matizó que la operación era legal. Una semana después, el 18 de febrero, declaró el ex director general de Deportes de Baleares, José Luis "Pepote" Ballester, que reconoció ante el juez que Urdangarin y Matas pactaron los contratos y desvinculó de estos tratos a la infanta Cristina.
El 24 y 25 de febrero hacía declaración Iñaki Urdangarín. En su testimonio, que se extendió durante dos días, reivindicó su "inocencia" y la "total transparencia" de su actuación, además se desvinculó de la gestión del Instituto Nóos y exculpó a la infanta Cristina. Durante su segundo día de declaración reconoció que en 2006 el Rey le había pedido, por mediación de su amigo y asesor legal José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao, que abandonase el Instituto Nóos y se dedicase a actividades no lucrativas, aunque hizo caso omiso del emisario real y, en 2008, volvió a hacer negocios. Además el fiscal destapó la existencia de una cuenta bancaria en Suiza que Urdangarin aceptó haber utilizado.
El 19 de diciembre la Fiscalía Anticorrupción solicitó ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma su escrito de responsabilidad civil en el que solicitaba una fianza de 8 189 448 euros para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres y las empresas administradas por ambos imputados y a través de las cuales presuntamente desviaron los fondos públicos y privados que obtuvieron a través del Instituto Nóos. El fiscal Pedro Horrach solicitaba de este modo que se abriera una pieza separada de responsabilidad civil, en el marco de la cual se diera traslado a las partes personadas en el 'caso Nóos' para que se pronunciasen e hiciesen las alegaciones que estimaren oportunas, tras lo cual el juez, José Castro, dictará un auto mediante el que decidirá si estima o no la petición de la Fiscalía.
2013 En enero la Abogacía del Estado se persona como acusación particular en el llamado caso en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ante un presunto fraude fiscal por valor de unos 470 000 euros en el que estaría implicado Iñaki Urdangarin y el Instituto Nóos. La Abogacía del Estado solicitaba ser parte en la causa tras haber tenido conocimiento de la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta comisión de dos delitos fiscales por el impago del IRPF en 2007 y 2008 por parte del marido de la Infanta Cristina y de un delito contra la Hacienda Pública en el Impuesto de Sociedades en 2007 en el caso de la entidad aparentemente sin ánimo de lucro.