thumb|Primo de Rivera pronuncia un discurso ante los reyes en 1927, durante la conmemoración del 25 aniversario del acceso al trono de Alfonso XIII. La caída de la dictadura de Primo de Rivera tuvo lugar el 28 de enero de 1930 cuando el general Miguel Primo de Rivera se vio obligado a presentar su dimisión al rey de España Alfonso XIII y este la aceptó, dando paso a la dictablanda de Dámaso Berenguer. El fin de la dictadura de Primo de Rivera fue la culminación de un proceso que comenzó varios meses antes.
La historiadora Genoveva García Queipo de Llano sitúa el inicio de la crisis de la dictadura a mediados de 1928, momento en que confluyeron varios factores: el agravamiento de la diabetes que padecía el dictador y que poco después de dejar el poder le llevaría a la muerte; el fracaso de la dictadura para instaurar un régimen nuevo; y el papel creciente de la oposición, a la que se sumó un sector del Ejército que organizó varias conspiraciones armadas contra el régimen. Ángeles Barrio Alonso la sitúa un poco antes, a finales de 1927, cuando con la constitución de la Asamblea Nacional Consultiva quedó claro que Primo de Rivera, a pesar de que desde el principio había presentado su régimen como «temporal», no tenía ninguna intención de volver a la situación anterior al golpe de Estado de septiembre de 1923.
Por su parte, Alejandro Quiroga retrasa el inicio de la crisis a enero de 1929 cuando se produjo la insurrección encabezada por José Sánchez Guerra que, a pesar de su fracaso, «logró mostrar las costuras de un régimen con menos apoyos de los que alardeaba». «Lo cierto es que hasta principios de 1929 nada hacía indicar que el régimen primorriverista estaba en crisis», añade Alejandro Quiroga. Francisco Alía Miranda coincide con Quiroga: «Desde la sublevación de enero de 1929 las cosas ya no volvieron a ser iguales para la dictadura. El propio Primo de Rivera lo confesaría tras su dimisión al diario bonaerense La Nación: "...me dieron la desalentadora impresión de que el Ejército, que con tanta corrección, fidelidad y ciudadanía venía estando al lado de la dictadura, se apartaba de ella"».
La pérdida de apoyos: la ruptura de la «alianza de 1923» Los sectores sociales y políticos que inicialmente habían prestado su apoyo a la Dictadura —formando la «alianza de 1923», como la ha llamado Shlomo Ben Ami— fueron retirándoselo: los nacionalismos periféricos cuando la dictadura incumplió lo prometido sobre la «descentralización» y acabó disolviendo la Mancomunitat de Cataluña; las organizaciones empresariales descontentas con el aumento de la influencia de la UGT en las relaciones laborales —«la UGT reforzó sus organizaciones y comenzó a extenderlas a la agricultura, lo que subvertía las tradicionales relaciones entre jornaleros y patronos en el campo. En las ciudades, donde lo que dominaba era el pequeño y mediano patrono, el auge del poder sindical se traducía en obligaciones respecto a horarios, jerarquías de oficios, definición de tareas y de salarios a los que no estaban acostumbrados», afirma Santos Juliá—; los sectores intelectuales y universitarios que abandonaron su «benévola expectativa», desengañados con su «regeneracionismo» conservador; diversos grupos sociales y políticos liberales que veían cómo la Dictadura pretendía perpetuarse en el poder, incumpliendo su promesa de ser un «régimen temporal»; etc. Asimismo la progresiva pérdida de apoyos sociales y políticos, hizo que el rey, según Santos Juliá, comenzara «a considerar que tal vez la Corona corría algún riesgo si seguía atada a la figura del dictador».
Los patronos
La política económica proteccionista e intervencionista de la Dictadura perjudicó los intereses de ciertos sectores económicos que por ello le fueron retirando progresivamente su apoyo. Fue el caso de los propietarios del sector de la agricultura comercializada que se quejaban de la política de altos aranceles porque perjudicaba a las exportaciones de aceite, vino y naranjas —así lo manifestó, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Valencia en una fecha tan temprana como octubre de 1923—. O el de los comerciantes, ya que la política proteccionista suponía precios altos en el mercado interior lo que limitaba su volumen de actividad y reducía sus beneficios —sin embargo, Primo de Rivera los culpaba a ellos de la subida de los precios, achacándolo al «lujo excesivo» de sus tiendas—.
Las pequeñas y medianas empresas también protestaron por la política intervencionista que consideraban que estaba destinada a favorecer a las grandes y a las compañías monopolísticas y además perjudicaba al consumidor porque «la libre competencia es una condición indispensable para una producción de mejor calidad y más barata», como afirmó a finales de 1925 el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, y reiteró a comienzos de 1929: «El gobierno hace ya tiempo que ha abandonado su función armonizadora. Invade ahora un terreno que, debido a las exigencias naturales de la vida económica, debería permanecer cerrado a cualquier intervención oficial». La Confederación Gremial Española, la asociación de pequeños productores que había apoyado de forma entusiástica el golpe de Primo de Rivera, criticó también «la actuación de los comités reguladores de la producción nacional» y «la concesión de monopolios, de la clase que sean», ya que «solo con una absoluta libertad en el establecimiento de los negocios se estimulará la iniciativa individual y se empujará el perfeccionamiento de la producción».
thumb|Eduardo Aunós, ministro de Trabajo y principal impulsor de la Organización Corporativa Nacional.
También fueron objeto de protestas el incremento de los impuestos, un «obstáculo al desarrollo normal de la producción», según los patronos, y las medidas contra el fraude fiscal, como la obligación de llevar un «libro diario de ventas». Una organización patronal se quejó de que resultaba «una pesadilla constante de los comerciantes e industriales que se les presente como los únicos defraudadores de Hacienda», a pesar de que eran quienes habían recibido todo el «peso de la reforma fiscal». También las grandes compañías se quejaron de los altos impuestos y en 1929 comenzaron a criticar asimismo la política económica intervencionista, que tanto les había beneficiado hasta entonces, por la carga fiscal que suponía.
Mayor oposición si cabe despertó entre los patronos y los hombres de negocios la política social del régimen que según ellos había «multiplicado las ventajas de la legislación social» y que se estaba haciendo a su costa al verse obligados a pagar más impuestos para financiarla. Los Comités Paritarios de la Organización Corporativa Nacional fueron objeto de una dura campaña en su contra por parte de las asociaciones patronales que exigían su eliminación o su reforma, campaña en la que participó activamente la prensa conservadora y católica, sobre todo cuando estos sectores percibieron que los grandes beneficiados del sistema corporativo, que siempre habían defendido, no estaban siendo los Sindicatos Libres sino los socialistas de la UGT. Las patronales se quejaban de que los Comités Paritarios no eran órganos exclusivamente dedicados a la conciliación y al arbitraje, sino que se ocupaban de asuntos que hasta entonces habían sido monopolio exclusivo de los patronos, como, por ejemplo, la disciplina o la organización del trabajo. Llegaron a decir que en los comités paritarios «se incuba a la hora presente la más grave lucha de clases de nuestra historia». El ministro de Trabajo Eduardo Aunós les respondió que los comités paritarios eran un instrumento clave en la «revolución desde arriba» de Primo de Rivera, la única que podía evitar «una catastrófica y anárquica revolución desde abajo», cuya principales víctimas serían las clases propietarias.
El Ejército: la rebelión artillera y los intentos de golpe de Estado
La unidad mostrada por el Ejército durante el golpe de Estado de Primo de Rivera en cuanto este obtuvo el respaldo del rey, no se mantuvo mucho tiempo y «de hecho, la oposición de importantes sectores del Ejército fue uno de los factores determinantes en la caída de Primo», ha destacado Alejandro Quiroga. «Cuando el orden social ya no estuvo inmediatamente amenazado, se hubo resuelto el problema marroquí y el rey comenzó a dar muestras inequívocas de encontrarse a disgusto con la dictadura, se hizo evidente una creciente enajenación de las fuerzas armadas respecto a Primo de Rivera», ha afirmado Shlomo Ben Ami. En esto tuvo mucho que ver, según Eduardo González Calleja, la política militar de la Dictadura que «resultó caótica y contradictoria» como se pudo comprobar en la cuestión de Marruecos —primero defendiendo la postura «abandonista», apoyada por los militares junteros y cuestionada por los militares africanistas, y luego la intervencionista, defendida por los africanistas y criticada por los junteros— y en la política de ascensos, convertida «en el reino de la contradicción y la arbitrariedad». Una valoración compartida por José Luis Gómez Navarro: «A partir de septiembre de 1925 toda la política militar de la dictadura, desde el desarrollo de la guerra en Marruecos con el desembarco de Alhucemas hasta los cambios en los sistemas de ascensos, suponía el triunfo del espíritu y el modelo del ejército africanista sobre el juntero, reabriendo y agravando este enfrentamiento».
thumb|El rey Alfonso XIII, con uniforme de capitán general, pasando revista a las tropas. Detrás el dictador Primo de Rivera y a su izquierda el general Joaquín Milans del Bosch, capitán general de Cataluña y, posteriormente, jefe de la Casa Militar del Rey.
La gestión de los ascensos siempre había sido un tema muy polémico, especialmente en el Arma de Infantería, pues los junteros defendían que sólo se tuviera en cuenta la antigüedad, mientras que los africanistas patrocinaban los méritos de guerra. Progresivamente la Dictadura fue tomando el control de la Junta de Clasificación de generales y coroneles, por lo que fue Primo de Rivera quien en última instancia decidía los ascensos, recompensando a los militares afines y castigando a los críticos. Un Real Decreto de 4 de julio de 1926 estableció que no era necesario comunicar los motivos de por qué determinados jefes y oficiales no habían sido ascendidos y además se les negaba cualquier posibilidad de recurso. La arbitrariedad resultante en los ascensos —que se hizo evidente sobre todo tras el desembarco de Alhucemas en que se produjo un aluvión de promociones por méritos de guerra— motivó el distanciamiento de algunos jefes y oficiales que empezaron a conspirar contra la Dictadura contactando con políticos de los partidos del turno desalojados del poder. «Muchas de las memorias y obras políticas escritas por militares durante estos años y en los posteriores dejan traslucir agravios personales, antes que una militancia antidictatorial cimentada en profundas convicciones ideológicas», ha afirmado González Calleja. «La concentración de poder en manos del marqués de Estella (algo habitual en su manera de gobernar) y su arbitrariedad a la hora de ejercerlo (también un clásico primorriverista), decretando ascensos fulgurantes en el seno del Ejército, generalmente de africanistas, llevaron a numerosos generales y coroneles a posicionarse paulatinamente contra el dictador», ha subrayado Alejandro Quiroga.